Cuando se habla de prevención de lavado de dinero en México, suele pensarse primero en bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, la legislación contempla a un universo mucho más amplio de empresas y actividades. Inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías, notarías, casinos, prestadores de servicios profesionales y compañías que realizan determinadas operaciones con recursos de terceros pueden estar sujetas a obligaciones específicas.

El tema ha cobrado relevancia durante 2026 debido a cambios regulatorios recientes, entre ellos las nuevas Reglas de Carácter General publicadas en agosto. Para las empresas que realizan Actividades Vulnerables, esto implica mayores exigencias relacionadas con identificación de clientes, evaluación de riesgos, monitoreo de operaciones, conservación de información y capacidad para demostrar cómo se llevaron a cabo sus procesos de cumplimiento.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en México existían 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 eran personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables, alrededor del 96.8% del total.

Qué empresas deben cumplir con la Ley Antilavado

Una empresa no necesita pertenecer al sector financiero para tener obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. La LFPIORPI contempla diversas actividades que pueden quedar sujetas a regulación cuando se realizan determinadas operaciones.

Entre ellas se encuentran la compraventa o intermediación de inmuebles, la comercialización de vehículos, las operaciones con joyas, relojes, metales y piedras preciosas, la administración de tarjetas prepagadas, ciertos servicios profesionales, actividades relacionadas con fe pública y el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos.

La exposición tampoco depende exclusivamente del giro que aparece en el nombre de una empresa. La naturaleza de las operaciones y la manera en que se relaciona con otras organizaciones pueden determinar si existen obligaciones específicas de cumplimiento.

Este punto puede pasar inadvertido para compañías que ya cumplen con sus responsabilidades fiscales, laborales y corporativas, pero que no han identificado sus obligaciones particulares en materia de prevención de lavado de dinero.

Los sectores con mayor exposición al riesgo

Las actividades relacionadas con la comercialización de obras de arte y con la venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes aparecen entre aquellas con mayor exposición o riesgo operativo relacionado con el lavado de dinero, de acuerdo con la Guía Nacional de Riesgos.

Una de las razones señaladas está relacionada con la facilidad para movilizar determinados bienes y con la dificultad que puede existir para establecer el origen de los recursos involucrados.

También aparecen actividades relacionadas con monederos, certificados de devolución, recompensas y mecanismos similares. En estos casos, el riesgo está vinculado con la posibilidad de utilizar estos instrumentos para dispersar o movilizar recursos.

Dentro de las actividades consideradas de riesgo medio se encuentran las tarjetas prepagadas, vales y cupones, la compraventa de vehículos, las actividades de fe pública, particularmente notarías y corredores públicos, así como operaciones de crédito, mutuo y préstamo.

El problema de gestionar el cumplimiento con procesos manuales

Identificar las obligaciones es apenas una parte del problema. El siguiente reto está en mantener información completa y disponible cuando las autoridades requieren revisarla.

En muchas empresas, los procesos de cumplimiento todavía se apoyan en hojas de cálculo, correos electrónicos y documentos físicos. Esto puede generar registros incompletos, errores de captura, pérdida de información histórica o expedientes con documentación faltante.

Los datos del INEGI ayudan a dimensionar el nivel de digitalización empresarial en México. En 2023, 25.3% de las unidades económicas utilizó equipo de cómputo y 26.2% empleó internet para realizar sus actividades, según las cifras citadas en el comunicado.

La evolución de las obligaciones regulatorias también ha incrementado la necesidad de contar con información organizada, controles y mecanismos de seguimiento. En determinados casos, las autoridades pueden requerir respuestas o reportes en periodos menores a 24 horas.

A esto se suma la dificultad de reconstruir una operación cuando llega una revisión. No basta con afirmar que un procedimiento se realizó correctamente. La organización necesita poder identificar qué ocurrió, cuándo, quién registró la información, qué controles se aplicaron y quién estuvo involucrado en la operación.

Esa capacidad de reconstruir el historial es la que vuelve relevante la trazabilidad dentro de los procesos de prevención de lavado de dinero.

El monitoreo de operaciones también cambia

Otro de los desafíos está en el momento en que las empresas detectan una operación potencialmente riesgosa.

Según cifras de PwC México citadas en el comunicado, 56% de las empresas analiza operaciones y transacciones potencialmente riesgosas después de que ocurrieron, mientras que 47% consigue hacerlo antes. La diferencia plantea un problema para organizaciones que necesitan identificar señales de riesgo con anticipación y responder con rapidez.

Un estudio global de EY, también citado como referencia de contexto, señala que 62% de las empresas encuestadas considera que sus procesos actuales limitan la velocidad y coordinación de respuesta. Esta cifra corresponde a una muestra internacional y no específicamente al mercado mexicano.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en detectar una operación, sino en contar con información suficiente para analizarla, documentar las decisiones tomadas y demostrar posteriormente cómo se aplicaron los controles correspondientes.

Regcheq presenta una plataforma para automatizar procesos de PLD

En este escenario, la empresa chilena Regcheq, especializada en tecnología para prevención de lavado de dinero y prevención del delito, presentó Regcheq PLD X, una plataforma SaaS orientada a empresas que realizan Actividades Vulnerables.

El lanzamiento ocurre durante el décimo aniversario de la compañía y después de una década de operaciones en el mercado mexicano. Según información proporcionada por Regcheq, durante ese periodo ha revisado más de 5 millones de expedientes y registrado más de 10 millones de operaciones en México.

La plataforma concentra distintos procesos relacionados con el cumplimiento en un entorno digital. Entre sus funciones se encuentran la validación contra listas de vigilancia y listas restrictivas, la integración y conservación de expedientes digitales, el monitoreo de operaciones, la evaluación automatizada de riesgos y la generación de avisos y reportes regulatorios.

También incorpora herramientas para administrar documentos, mantener bitácoras y conservar la trazabilidad de las decisiones y acciones relacionadas con el cumplimiento.

Regcheq señala que, dependiendo del proceso, la automatización puede generar reducciones operativas superiores al 70%. Como ejemplo, la empresa estima que la elaboración de un Aviso de cumplimiento de PLD puede tomar entre cuatro y ocho horas cuando se realiza manualmente, mientras que mediante un sistema automatizado el proceso puede reducirse a segundos.

La tecnología, sin embargo, no sustituye las responsabilidades legales de las empresas ni la necesidad de contar con personal capacitado para gestionar sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Un cambio regulatorio que obliga a revisar procesos

Las modificaciones recientes colocan el cumplimiento de la Ley Antilavado en una discusión que rebasa el ámbito financiero. Para las empresas que realizan Actividades Vulnerables, conocer si están sujetas a obligaciones específicas y mantener evidencia de sus procesos se vuelve parte de la gestión cotidiana.

El desafío está en pasar de expedientes dispersos y revisiones reactivas a sistemas capaces de identificar riesgos, conservar información y reconstruir las operaciones cuando sea necesario. En un entorno donde las reglas se actualizan y los tiempos de respuesta pueden ser cada vez más reducidos, la forma en que una empresa organiza su información puede tener consecuencias operativas, económicas y reputacionales.